Durante 2012, se han realizado más de 500 millones de trámites con la Administración General del Estado, de los que aproximadamente 365 se han realizado en formato electrónico, según los datos existentes en el Sistema de Información Administrativa. Esto significa que el 73% de los trámites, es decir, tres de cada cuatro trámites que los ciudadanos y las empresas realizan con la Administración General del Estado se hizo el año pasado de forma telemática. Si el coste de un trámite presencial puede situarse, según el SCM (Standard Cost Model), en una media de 80 euros y el de un trámite electrónico en 5 euros, el ahorro por el uso de la Administración electrónica en 2012 estaría en torno a los 27.500 millones.
El pasado 15 de enero del 2013 se aprobaron las líneas estratégicas del Plan de Administración Electrónica 2013-2015, elaborado de forma conjunta entre la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, estableciendo la hoja de ruta en materia de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC’s) de la Administración Electrónica.
El plan, cuyas líneas estratégicas ha aprobado el Consejo Superior de Administración Electrònica, será elaborado por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tiene los siguientes cinco grandes objetivos:
1. Utilizar medios y sistemas informáticos para reducir cargas administrativas al ciudadano y a las empresas.
En este sentido, se avanzará en simplificar los trámites administrativos, de forma que sean personalizables, proactivos, accesibles desde diferentes plataformas y adaptados a las necesidades de los usuarios, así como en la transparencia en la actuación de la Administración General del Estado. Dentro de este objetivo, se propiciará la reutilización de la información del sector público para permitir el desarrollo de servicios de alto valor que contribuyan al impulso de la actividad económica y la generación de servicios de valor añadido para ciudadanos y empresas.
2. Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y empresas.
Para ello, se impulsarán planes de usabilidad para acercar la Administración a los ciudadanos y a las empresas. Junto a la divulgación de los beneficios de la Administración electrónica, se mejorarán los mecanismos para la identificación y autenticidad frente a la Administración, incluso mediante el uso de dispositivos móviles, y se hará obligatorio el uso telemático para determinados colectivos profesionales y empresariales. Por último, se crearán indicadores para conocer el uso y el valor generado por los distintos servicios públicos.
3. Optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas.
En esta línea, se aumentará el conocimiento y uso entre los empleados públicos, y se buscará la colaboración entre los tres niveles de la Administración para avanzar en la ‘Administración sin papeles’, así como una política de compras única con los proveedores.
La red SARA se declara proyecto de interés prioritario para configurarse como la nube privada (cloud) de la Administración General del Estado y se avanzará en la factura y la contratación electrónica en las relaciones entre las Administraciones y sus proveedores.
4. Cooperación entre la Administración y organizaciones, empresas y agentes sociales, para intercambiar experiencias, proyectos,servicios y aplicaciones de Administración electrónica.
5.Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital.
Se potenciará el uso de servicios básicos de Administración Electrónica en municipios de pequeño tamaño, así como la intercomunicación entre las diversas administraciones. Asimismo, se mejorará la accesibilidad para favorecer el acceso de colectivos con especiales dificultades.
Fuente:
Nota de prensa Consejo Superior de Administración Electrónica
Observatorio de Administración Electrónica